Piden una agenda política que incluya a la niñez y adolescencia

Defensoras y Defensores de Niñez y Adolescencia de todo el país se reunieron en la sede de la Defensoría nacional de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes con motivo de la presentación del IX Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que se llevará a cabo en noviembre en la ciudad de Córdoba. Y tras el encuentro firmaron una declaración conjunta que entre otras cosas solicita "poner en agenda política de niñez y adolescencia y reforzar los procesos legislativos para la designación de defensores y defensoras en todas las provincias argentinas". 

De la reunión participaron la Defensora nacional de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes, Marisa Graham y los defensores/as provinciales Analía Colombo (Santa Fe), Amelia López (Córdoba), Juan Pablo Meaca (La Pampa), Miguel Ángel Molina (Misiones) y Leandro Drube (Santiago del Estero).

El documento emitido de forma conjunta por los funcionarios y funcionarias expresa que:

-Es necesario reforzar los procesos legislativos para que todas las provincias cuenten con la figura del defensor/a de derechos de las niñas, niños y adolescentes, que forma parte del desafío de poner a la niñez y adolescencia en agenda política en todo el territorio nacional.

-Es imperioso contar con recursos presupuestarios adecuados para fortalecer el funcionamiento de las áreas de niñez incluyendo el monitoreo necesario sobre las instituciones dedicadas al alojamiento de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

-Es necesario trabajar en las consecuencias de la pandemia en la niñez y adolescencia, especialmente vinculado a los padecimientos mentales que debe ser considerado tanto por el sistema educativo como de salud.

-Es prioritario contar con un mecanismo de actualización automática de los montos de la Tarjeta Alimentar como lo tiene actualmente la AUH. El porcentaje de niñas, niños y adolescentes que habitan en hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la CBA pasó de 16,8% (primer semestre 2021) a 12,6% (segundo semestre 2021), lo que significa que hoy hay alrededor de 550 mil niñas, niños y adolescentes menos en situación de pobreza extrema. Esta significativa, aunque insuficiente baja en los niveles de indigencia en la niñez es atribuible tanto a las mejoras en el mercado de trabajo como a las políticas públicas de transferencia de ingresos destinadas a hogares con niñas, niños y adolescentes, y en este sentido es imprescindible que se amplíen estas transferencias, tanto en cobertura como en suficiencia.

-Debe avanzarse en la implementación de la ley de alimentación saludable, porque la seguridad alimentaria requiere el acceso a los alimentos y que estos sean adecuados, así como las condiciones para su ingesta. En este marco, deben impulsarse las economías regionales para promover el consumo de alimentos frescos a comercios de cercanía, alejando la cultura de consumo de alimentos ultraprocesados.
-Se comprometen a trabajar en las recomendaciones al Comité de los Derechos del Niño, para la Observación General N° 26 sobre Derechos del niño y el ambiente con enfoque especial en cambio climático, que tendrá Argentina como sede para la consulta regional. Al respecto desde las defensorías se están generando materiales considerando la preocupación sobre el tema mostrado por las organizaciones sociales y las niñas, niños y adolescentes en los diversos mecanismos de participación y protagonismo.

-Es necesario promover el debate de una justicia juvenil en particular sobre una ley de protección para la adolescencia en conflicto con la ley, que sea respetuosa de los estándares internacionales de derechos humanos con la protección especial que los Estados deben garantizar a la niñez y adolescencia. Debe darse un debate no regresivo en materia de Derechos Humanos que reforme el Decreto Ley N° 22.278 en el marco de la solicitud expresa del Comité de los Derechos del Niño al Estado Argentino en las recomendaciones de 2018. Se declara imprescindible: cambiar la ley, no endurecer las penas, no bajar la edad de punibilidad, y que la privación de libertad sea la última ratio. Las niñas, niños y adolescentes deben tener el menor contacto posible con el sistema penal; cuando el contacto se produce debe ser por el menor tiempo posible y con la previsión de medidas alternativas a la privación de libertad, todo en un marco de Protección que debe signar la relación del Estado con la niñez y adolescencia.