Piden un nuevo régimen de responsabilidad juvenil
La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Defensor Adjunto y las y los Defensores Provinciales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes recomendaron al Gobierno y al Congreso Nacional la adecuación normativa y la institucionalidad necesaria para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en materia penal juvenil o justicia juvenil, según las disposiciones del sistema regional y universal de derechos humanos.
Asimismo, solicitaron a los gobiernos y legislaturas provinciales el cese inmediato de la vulneración de derechos relacionados a la privación de libertad en lugares no especializados y la persecución penal de niñas, niños y adolescentes menores de 16 años, en aquellas provincias donde ello sucede.
La sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), entre otros instrumentos normativos, atribuyen la asunción por parte del Estado de obligaciones tendientes a garantizar los derechos de niñas, niños y jóvenes y a ofrecer servicios públicos universales y propiciar la accesibilidad a los mismos sin discriminación.
El documento expresa que “la respuesta para los y las jóvenes que han sido acusados de cometer un delito debe ser una acción coordinada entre el subsistema de protección de derechos y el subsistema de responsabilidad penal juvenil, ambos integrantes del Sistema Integral de Protección de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, según el art. 32 de la ley 26.061”.
“A pesar de las obligaciones internacionales contraídas, Argentina sigue sin poner en marcha un subsistema de responsabilidad penal juvenil que cumpla con el mandato de la CDN y tratados internacionales en la materia, por lo que resulta necesaria la urgente derogación del Decreto Ley 22.278 y la sanción de una ley que regule un sistema de responsabilidad juvenil en concordancia con las disposiciones de la CDN, con la normativa internacional y nacional en materia de derechos humanos de las niñeces y adolescencias en general; y el derecho penal juvenil en particular”, señalaron los Defensores y Defensoras.
Por último, destacaron que “deben garantizarse los ejes centrales de trato digno, principio de especialidad y trato diferente a la de los adultos y adultas, un sistema penal con enfoque en la responsabilización y no en el castigo, la excepcionalidad de la privación de libertad, y especialmente sin vulnerar la regresividad que implicaría una edad menor a 16 años. Adoptar una nueva ley penal juvenil con una baja de edad de imputabilidad implica vulnerar el principio de no regresividad”.
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