Hacia una ley provincial de Educación Sexual Integral

La Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, Analía Colombo, participó de una reunión convocada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados presidida por Claudia Balagué, ex ministra de Educación, con el objetivo de escuchar diversas voces en torno a la Ley de Educación Sexual Integral.

Del encuentro virtual –que reunió a más de una docena de expositores y expositoras– participaron organizaciones, centros de estudiantes y especialistas en la materia para poner en agenda un debate que tiene a la educación sexual como eje a partir de los proyectos legislativos que se encuentran en estudio en la Legislatura provincial.

Como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Analía Colombo celebró que “se esté dando esta instancia de debate, intercambio, argumentación y reflexión para que podamos contar con una Ley Provincial de Educación Sexual Integral”.

La Defensoría de Santa Fe –que forma parte de ADPRA (Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina)– impulsó en los últimos años diversas iniciativas en favor de la educación sexual y la problemática del embarazo no planificado en la adolescencia en conjunto con las cinco Defensorías específicas de Niñez que hay en el país, con la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con la Red de Niñez y Adolescencia de la FIO (Federación Iberoamericana del Ombudsman).

Al inicio de su presentación, Colombo remarcó que desde el organismo que representa “se brindó durante su gestión un fuerte acompañamiento al Programa “De ESI se habla” del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe”.

“Hemos aportado tanto en el armado de talleres como en el registro y sistematización de los mismos dando voz a las percepciones de las y los adolescentes. También hemos articulado acciones desde el área de Atención Integral brindando asesoramiento y escucha ante vulneraciones detectadas en el marco de las capacitaciones en los espacios escolares”, señaló.
La exposición de la defensora se centró en el rol específico del organismo, sus competencias en la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en las experiencias de trabajo obtenidas desde el surgimiento del organismo en el año 2012.

“El abuso y las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes es la vulneración más grave a su integridad y a su Interés Superior; y acontece principalmente en el ámbito familiar. Es el tema prioritario de intervención de la Defensoría, sostenido a lo largo de estos ocho años y por el cual se nos demanda intervención y atención”, dijo Colombo.

Según datos que relevó la anterior gestión ministerial de Educación de Santa Fe en el ciclo lectivo 2019 se detectaron 493 situaciones de abuso sexual infantil y adolescente y 507 de violencia familiar. Esas situaciones fueron relevadas a partir del relato de niñas, niños y adolescentes y de la escucha de las y los docentes, quienes ante la sospecha de abuso o violencia tienen la obligación de denunciar. Muchas de las denuncias surgieron a partir de los contenidos de la ESI que se dan en clases y en jornadas especiales. “Por eso, desde esta Defensoría consideramos que debemos propiciar las condiciones para escuchar a niñas, niños y adolescentes acerca de lo que les pasa”, expresó Colombo y añadió: “Tenemos la obligación de generar marcos institucionales, legales y culturales que alojen a todas las identidades y disidencias de género, y asumir la responsabilidad de que no contar con ello significa discriminación, marginación, soledad y depresión para muches niñes y adolescentes”.

A su vez, la funcionaria resaltó que la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia, la prevención de enfermedades de transmisión sexual deben son una cuestión de salud pública y de educación, y deben ser los ejes prioritarios de las políticas públicas de niñez y adolescencia a nivel local, nacional e internacional.

Por último, recomendó que entre los aspectos a contemplarse en la ley son: “La definición de la educación sexual integral como política educativa pública, obligatoria, transversal e integral, la inclusión del plexo normativo provincial, nacional e internacional en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia, protección integral, género e identidades, que ser el Ministerio de Educación el organismo de aplicación, ya que es quien tiene la capacidad e incumbencia para desarrollar su currícula de modo gradual acorde a los niveles educativos y que tenga por sujetos de la ley a las niñas, niños y adolescentes; esto es que se centre en las infancias y legisle por su interés superior”.