Proteger a las infancias y adolescencias de la provincia de Santa Fe

 

En un contexto de degradación de lazos sociales y familiares, incertidumbre de perspectivas de cambio, de violencia manifiesta relacionadas con economías informales y delictivas, altos niveles de consumos problemáticos y naturalización de las violencias, resulta difícil comprender cómo las problemáticas vinculadas con las infancias y adolescencia tienen tan poco espacio en la agenda pública y política, mientras que otros temas que a priori parecen mucho menos relevantes ocupan minutos de aire y dominan los discursos publicos. Y, al mismo tiempo, esa situación nos pinta el escenario de lo que nos atraviesa como sociedad.

Para esbozar un análisis preliminar de la situación actual de las infancias y adolescencias en nuestra provincia, en primer lugar, y aunque parezca una verdad de perogrullo, se hace necesario recordar que no siempre la culpa es del otro. Desde hace años, venimos como sociedad tolerando la pérdida de calidad de vida en general, situación que se agrava en sectores de alta vulnerabilidad, que conviven en contextos de entornos vulnerables.

Esto nos lleva a interpelarnos respecto de qué hicimos ante esto como sociedad, como instituciones de primer y segundo nivel de atención, y qué hicimos como instituciones protectoras de derechos ante estos síntomas, que no son más que señales de enfermedad.

Ya el debate de si hay que endurecer las penas con más punitivismo o flexibilizar las mismas con mayor garantismo es una discusión abstracta que nos lleva directamente al fracaso. Hoy sabemos que hay numerosas alternativas en el medio, y en este camino estamos trabajando desde la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de Niños, niñas y adolescentes, los Juzgados de Menores y muchos funcionarios de los otros poderes del Estado, trazando rutas críticas, proponiendo nuevas formas de abordaje y tratamiento de situaciones, que puedan o no tener implicancias penales. Que no sólo se focalicen en las infancias y adolescencias, sino en su entorno primario. Porque tenemos evidencia suficiente para saber que, para que haya una acción o desenlace violento, hubo fracasos del accionar preventivo antes que el hecho suceda.

"Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes", decía Albert Einstein. Por eso, si seguimos en el mismo camino, vamos a seguir fracasando en las decisiones que tomemos en medidas que siempre llegan a destiempo.

No podemos seguir pretendiendo que las cosas cambien, repitiendo desde hace más de 15 años las mismas políticas erráticas en referencia a las niñeces, adolescencias y juventudes.

En lo declamativo se sigue sosteniendo que los niños, niñas y adolescentes son el futuro. Pero esa expresión, a esta altura ya un eslógan vacío, esconde una trampa: seguimos desentendiéndonos de que tenemos un problema en este presente, que viene agravado por las decisiones tomadas por gestiones del pasado.

Hoy en la provincia de Santa Fe hay cerca de un millón de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, y sin embargo se sigue mirando para otro lado.

Por eso, desde la Defensoría de Niñas Niños y Adolescentes venimos planteando que hay que poner en agenda política y de la futura gestión de gobierno, no sólo la necesidad de reformar nuestra Constitución Provincial, aggiornándola a las nuevas convenciones y tratados internacionales de protección de las infancias, adolescencias, sino también en lo relativo a adultos mayores, dos colectivos postergados, entre otros tantos temas importantes.

Debe haber un compromiso de todos los candidatos y candidatas en elevar el rango de la actual Dirección de Niñez a Secretaría de Estado, para que sea la que articule directamente con los Ministerios las políticas preventivas, de intervención, acompañamiento y reinserción en contextos estables. Es la responsabilidad del Estado no seguir tercerizando los fracasos de las decisiones. Hay que asumir el compromiso con las infancias, la adolescencias y juventudes en los distintos contextos de abordajes, contención y restauración.

El gobierno del Estado es el único responsable en el diseño de las políticas públicas que deben implementarse y asumir el compromiso de todos los actores involucrados, con articulación entre los niveles de Salud, Educación, Desarrollo social, Deporte y trabajo en un todo. Es el contexto lo que determina la verdadera evolución y superación de las actuales dificultades.

Debemos asumir que, sin importar el sector social o en que entorno nos movamos, hay una sociedad envuelta en consumos problemáticos diversos. Debemos reconocerlos y abordarlos como un tema de Salud Pública, y no seguir negándolo y excusándonos en la falta de recursos u otras excusas.

Fallas del Sistema

La Defensoría NNyA realiza permanentemente relevamientos sobre el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. En ellos, la institución ha detectado numerosas falencias, como demoras respecto de la efectivización de acciones que restauren derechos, lo cual se ve profundizado a raíz de la implementación del decreto 2737/22.

También nos encontramos con ceiterios arbitrarios de desestimación de solicitudes de Medidas de Protección Excepcionales, lo que conlleva que no se garantice el resguardo de Niñas, Niños y Adolescentes, a pesar de que se informan y detallan situaciones graves de vulneración de derechos.

Otra de las situaciones detectadas por los equipos de la Defensoría NNyA y que deben encender la luz de alerta sin las internaciones de pacientes con Medidas de Protección Excepcional prolongadas en el tiempo por falta de espacios institucionales de alojamiento acordes a las necesidades de cuidados integrales.

A ello deben sumarse las dificultades de los centros residenciales para alojar los padecimientos de NNyA. Esto hace que sea habitual que se presenten en la guardia de los hospitales situaciones desencadenadas en los centros residenciales que no logran ser contenidas y finalizan en hospitalizaciones reiteradas del mismo paciente, desconociendo que la internación es una medida restrictiva a considerar como último recurso en salud.

Por último, debemos advertir sobre la falta de recursos y formación específica por parte de trabajadores al frente de las funciones asignadas. En este contexto, es común encontrarse con abordajes repetitivos y revictimizantes de los diferentes niveles. 

 

*Por Gabriel Savino. Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes (a cargo).