10 años de un organismo público, político y específico
En estos tiempos tan cíclicos, quiero compartirles algunas reflexiones y hacer un balance de estos 10 años de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe.
Cuando asumí el 8 de marzo de 2012, siendo muy pocos integrantes aún, imaginamos que la protección y la promoción de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia no son solo parte de un campo específico del derecho, sino que tienen su lenguaje y sus propios códigos.
Supimos que hacía falta hablar con imágenes, con poéticas; que son las que, en definitiva, transforman y nos transforman. También quisimos que las voces de las y los pibes, sus propias palabras y sus opiniones, se vieran reflejadas y nos interpelaran en nuestro trabajo diario. De ese modo y aquí en este lugar del Tríptico de la Infancia, Isla de los Inventos, presentamos la Defensoría y el “manifiesto” en voces de niñas y niños.
En estos años también apostamos a la construcción de información cuantitativa, al relevamiento de datos, a la construcción de indicadores de derechos. Apostamos a monitorear y dimos origen al Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia junto a UNICEF Argentina en el año 2013.
Y todo esto nos fue gestando, y fue dando forma a herramientas defensoriales (oficios, informes, propuestas, recomendaciones) y al modo de hacer de esta Defensoría que hoy somos, que hoy es. Un organismo público, político y específico que garantiza, promueve y monitorea derechos humanos de infancias y juventudes.
Una de las cosas más importantes que aprendí a lo largo de mis dos gestiones, es que para trabajar por y para las infancias y adolescencias hay que tener especialidad en la materia; pero más aún, amor, convicción, responsabilidad y compromiso en la tarea que requiere día a día de valor, coraje y conciencia de trabajar siempre desde y en la “incomodidad”.
De algún modo así comenzamos, creyendo fuertemente en el encuentro entre disciplinas y miradas, porque comprendimos que las vulneraciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes nos hablaban de situaciones complejas.
Asumimos la misión de proteger y velar por los derechos de las y los pibes, pero asimismo de ser un organismo de contralor y de incidencia dentro del Sistema de Protección Integral. Dos grandes propósitos, definidos por la ley provincial N°12.967, a los que establecimos llevarlos a cabo desde un rol proactivo y colaborativo.
Y, para asumir el propio lugar, colaborar y proponer, ha hecho falta que dentro del Sistema se desarrolle una de las cualidades que lo hace y define: la receptividad. Sin receptividad, esto es, sin diálogo, conversación e intercambio entre las instituciones que integran al Sistema y, sobre todo, con la autoridad de aplicación del Sistema; la tarea no sólo se hace difícil, sino que en muchas oportunidades se vuelve imposible.
Y en nuestro recorrido podemos decir que existieron momentos en que sí hubo receptividad en las autoridades, y momentos en los que no. Por lo tanto, la receptividad es una definición política. Así como lo fue la decisión de dar origen a este organismo, y como lo será la voluntad de otorgarle respetuosa continuidad.
La construcción de mesas de encuentro, la generación de ámbitos para arribar a consensos y acuerdos, la priorización de las infancias y adolescencias en las agendas de gobierno, son definiciones políticas que no solo hacen al mejor o peor funcionamiento del Sistema; sino, principalmente, a la mejora o no de la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes de Santa Fe.
Dice la Convención sobre los Derechos del Niño que debemos trabajar por y para el Interés Superior de Niñas, Niños Y Adolescentes. Y la Observación General N°2 del Comité refuerza ese concepto, cuando profundiza el rol de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos de niño. Y entre esas Instituciones, entendemos, están las Defensoría específicas: en primer lugar, para dar un rol protagónico a las y los más pequeños; y, en segundo lugar, para asumir un rol en el proceso público y político que determina las respuestas de los gobiernos ante un tema de derechos humanos de niñez y adolescencia.
Y en ese camino trabajamos estos 10 años. Durante los primeros encuentros debatimos sobre si ésta era o no una Institución Política. Y entendimos que lo es. Es una institución pública y política que trabaja por y para los derechos humanos de niñez y adolescencia en un territorio provincial amplio, diverso en su geografía y su cultura; a través del cual caminamos para poder observar el Sistema de Protección Integral y no desde un lugar de terceridad o de ajenidad. Sino convencidos que somos parte del Sistema, pero con roles definidos por las leyes, los mandatos y también por lo construido como Institución; y con una definición que nos representa que es “la habilidad para conseguir que las voces de los niños sean escuchadas”, como lo define el documento “El Defensor del Niño”, de UNICEF de 1999.
Por eso, en nuestra primera jornada de integración, donde nos reconocimos como equipo, para construir colectivamente el armado de las misiones y funciones del organismo, nos imaginamos transitando un camino de construcción de un “espacio de referencia”, donde las niñas, los niños, les niñes (y las y los adultos también) se acercaran porque además de hacer sus reclamos; pudieran ser “escuchados” (con paciencia, con respeto y sin muchas preguntas o intervenciones); un lugar que los pudiera “alojar”, “acompañar”, “registrar”, “articular” con otras instituciones del Estado, con la “informalidad” que la Ley de Ombudsperson nos habilita, “cuidando cada situación como única”, “promoviendo” para prevenir y evitar más vulneraciones; y sobre todo, acompañado de los procesos de trabajo, los materiales, la comunicación, lo edilicio y lo humano, con la especialidad y la pericia que la materia infancia y juventud requiere.
La infancia es “cosa seria” repite incansablemente la maestra Chiqui González. Y de esa manera, como cosa seria, encaramos este recorrido: poniendo siempre como centro de nuestra tarea, como indicador de nuestro monitoreo, a las pibas y a los pibes. Solo de ese modo, entendimos y entendemos, podremos garantizar que aquello que tanto repetimos, esto es el Interés Superior del Niño; opere como derecho, como principio rector de la Convención y como norma de procedimiento o forma de actuar.
Para ello, en estos 10 años hemos construido una institucionalidad sólida, que debe defenderse y respetarse. Personalmente me retiro de estar al frente de la misma, como personal político por culminar mi segundo mandato, pero queda para el Estado y la población un gran camino pleno de experiencia y conocimientos, que no podrá ser obviado ni apartado.
Quedará entonces activo, en el corazón de cada persona, cada trabajador y trabajadora, que ha acompañado a la Defensoría durante este tiempo, el principio de no regresividad para con los derechos de las infancias y juventudes. Y porque es político es también que pretendemos que haya una respetuosa continuidad institucional y que sin demoras se inicie un proceso de nombramiento de una persona que me suceda en el cargo, y que este organismo público de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, pionero en nuestro país, no quede acéfalo.
En este recorrido también hemos aprendido mucho sobre integralidad y excepcionalidad. No queremos que esta Defensoría se vuelva una excepción en la historia de los organismos, queremos que sea cuidada y protegida, así como también deseamos y promovemos que sean muchas más Defensorías específicas, en cada una de las provincias de Argentina.
Lamentablemente el Sistema de Protección Integral se ha convertido en un sistema de protección excepcional. Nos ha estado definiendo la urgencia, sin lugar para la prevención, la promoción de derechos y las estrategias a largo plazo. Ese es uno de los desafíos pendientes: salir de la emergencia y poder promover formas de vida más justas para las y los niñxs; monitorear para tener más y mejor información siguiendo una matriz de derechos y exigir la modificación de aquello que no cumple con la Convención y las leyes especiales; prevenir vulneraciones (mayormente ocasionadas por las violencias adultas, personales e institucionales); priorizar realmente a las y los niños y adolescentes: para ello construir cada día una cultura más protectora de derechos y más orientada a poner en el centro a ellas y ellos.
Todo sostenido en el tiempo. Todo sin plazos. Todo a largo plazo. Y, para que esto cambie, entre otras cosas, es necesario –como en el juego del TANGRAM– dar vuelta un triángulo. Sí, hay que hacer que la estructura del Sistema que se ha vuelto un embudo, grande y ancho hacia arriba, en el tercer nivel, y pequeño y puntual hacia abajo, en el primer nivel, se convierta en una pirámide.
Con decisiones centralizadas, claras, definidas y dirigidas; y con una gran presencia en cada territorio. Volver a dar lugar a las bases, para que el sistema pueda sostenerse, y pueda tener políticas definidas y con capilaridad hacia todas las instituciones que lo conforman. Es por todo esto, como nuestra gran síntesis del trabajo realizado, que apostamos durante el último año de mi gestión a volver y priorizar a los gobiernos y servicios locales.
Para ello nos propusimos llevar adelante el Programa “Desde y hacia el territorio”, cuyas experiencias, desafíos y reflexiones dan forma al tercer informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, al que podrán ver y consultar y queda a disposición como parte de este ciclo que cierra, y a la vez continúa.
Este tercer informe expresa que –a lo largo de 10 años– la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia –iniciativa llevada adelante junto a UNICEF Argentina–, se constituyeron en una herramienta fundada en el desarrollo de información y conocimiento sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Los dos primeros informes (2013 y 2015), avanzaron en las primeras lecturas del Sistema de Protección, centrando la mirada de manera específica en el derecho a la integridad y acceso a la justicia de niñas y niños; marcando aspectos críticos en relación a indicadores relevantes y analizando escenarios y contextos de la vulnerabilidad social que demandaban (y lo hacen en el presente) respuestas integrales y permanentes (2013).
Y en los años siguientes y con la consolidación del área de Monitoreo de Derechos, se desplegaron distintas líneas que, a partir de un trabajo de campo sistemático en las instituciones de acogimiento y en dispositivos del sistema de Justicia Penal Juvenil; de la construcción de información estadística; del análisis de la inversión social y los presupuestos de las políticas públicas y de las noticias que, desde los medios de comunicación, involucraban a chicas y chicos, dieron origen al segundo Informe de la Defensoría y el Observatorio, en 2015.
Al cumplirse una década de la puesta en marcha de esta Defensoría específica, el camino recorrido no ha estado exento de complejidades, tanto por la realidad económica, social y política del país y la región, como por los desafíos emergentes de las situaciones atendidas y las problemáticas monitoreadas; y también por la pandemia (y hoy por una guerra). Los análisis presentados en este informe 2022 del Observatorio reúnen, por una parte, datos e información que ha sido posible construir a partir de estas prácticas institucionales; por otra parte, han pretendido compartir los resultados de un trabajo que, para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, supuso un punto de llegada, pero también una hoja de ruta para desarrollos futuros.
Enmarcado en el Programa “Desde y Hacia el Territorio”, el tercer informe da cuenta del accionar de los gobiernos locales en la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en Santa Fe, generando múltiples insumos para contribuir a la agenda pública en este ámbito, pero también aprendizajes sobre la manera en que el Estado asume estos compromisos. Los principales desafíos pendientes se relacionan con la idea de una coordinación para la integralidad: quedando evidenciada la necesidad de combinar los recursos disponibles con los problemas públicos, y visualizar el lugar que las áreas específicas de trabajo con la niñez y adolescencia ocupan en la faz ejecutiva de los gobiernos locales (a escala geográfica y poblacional). La mayor especialización para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes se registra en el ámbito de las grandes ciudades, pero también es mayor el riesgo de prácticas segmentadas o iniciativas fragmentarias, producto en general de lo que se ha denominado la “hiperburocratización”. La presencia del Estado, a través de una eficaz transferencia de recursos presupuestarios y lineamientos de trabajo, es un requisito indispensable para que, precisamente, coordinación e integralidad puedan traducirse de manera real en las intervenciones, generando cambios y transformaciones con carácter duradero.
El monitoreo ha permitido relevar las desigualdades de implementación de las políticas de infancias y adolescencias en el territorio provincial a lo largo de los años (producto de la centralización de personal, recursos, programas, gestiones administrativas, políticas y judiciales en los grandes centros y la invisibilización e indisponibilidad de recursos adecuados frente a otras realidades y condiciones en el interior de la provincia). Desigualdad que no implica un mejor funcionamiento del sistema en las grandes urbes. Contar con muchos o más recursos no evidencia una buena gestión, aunque sí permite reconocer una política poco integral en su mirada territorial respecto de su diseño, implementación y distribución de recursos. Queda entonces planteado un gran desafío a futuro.
Por otra parte, expresamos de manera reiterada la importancia de contar con las voces de niñas, niños y adolescentes, que garantice realmente el equilibrio de poder entre el Estado y quienes habitan y construyen la sociedad. Lo que es imprescindible mirar, aunque parezca obvio, es qué tipo de lugar se le da a las y los niños, especialmente a aquellas y aquellos más vulnerables.
UNICEF Argentina estableció cinco prioridades para su Programa País 2021-2025. Las mismas se centran en:
1) la reducción de la pobreza; 2) el desarrollo de la primera infancia; 3) la igualdad de oportunidades para las y los adolescentes; 4) la construcción de ambientes libres de violencia y 5) la promoción de una sociedad más comprometida con la infancia y adolescencia. Prioridades que se vuelven urgencias, debido a que la pandemia acentuó las desigualdades, las asimetrías y las vulneraciones de derechos; en un contexto donde las niñas, niños y adolescentes no fueron considerados esenciales.
A partir de la experiencia transitada en estas dos gestiones de la Defensoría, la propuesta será continuar trabajando desde el territorio de la provincia para incidir en las políticas públicas dirigidas a las infancias y adolescencias y lograr que éstas puedan estar más relacionadas con categorías como la justicia, la libertad, la participación, la equidad. Ello dependerá de la definición de prioridades que se realicen desde los lugares con poder y decisión (o “políticos”). Y para hacer, pensar, gestionar, sentir, imaginar, comprender, observar, con enfoque de niñez y adolescencia, el protagonismo de sus miradas y opiniones debe ocupar su lugar. Se deben buscar las formas y maneras para co-crear junto a ellas y ellos los espacios y tiempos que habitan.
Ese ha sido uno de los principales objetivos que se ha propuesto esta Defensoría desde su conformación. Por ello, las imágenes que hacen parte del tercer informe quieren y deben ser leídas como un lenguaje más que expresa lo que dicen las palabras escritas. No son un accesorio, no da lo mismo que no estén o que sean otras las fotografías; ellas construyen un relato, una narrativa que recorre espacios de expresión a lo largo de toda la provincia.
Tal como lo hicimos desde nuestros inicios, proponemos con este material dejar algunas preguntas: ¿Desde qué y para qué territorios se elaboran las políticas públicas? ¿Cómo se construye una política integral y diversa? ¿Cómo se piensa la transversalidad y la dimensión territorial de las políticas? ¿Existe un Sistema de Protección Integral o se trata de un Sistema de Protección Excepcional?
Por otro lado, y como mencioné hace un rato, presentamos al TANGRAM como metáfora, a través de la cual hemos realizado una labor de síntesis sobre nuestra experiencia, para que pueda propiciar la conformación de más organismos de este tipo en todo el país. También queda a disposición y disponible para que puedan tomarla, consultarla y hacerla crecer. El TANGRAM expresa diez años de una de las primeras defensorías específicas en el país, y que busca hacer síntesis de esta experiencia, con el tiempo histórico marcado por la pandemia de COVID-19, tiempo de crisis que profundizó las desigualdades y brechas en el acceso a derechos, que dejó a más de la mitad de las infancias y adolescencias en la pobreza, que ha puesto en riesgo la continuidad escolar (y todas las vulneraciones asociadas a ello), que ha agudizado las violencias en el ámbito familiar, y que ha puesto de manifiesto que lo que hace a la salud mental e integral de niñas, niños y adolescentes es el cumplimiento del conjunto de sus derechos, su interés superior y su construcción de autonomía.
A más de 30 años de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, todavía visibilizar y priorizar la agenda de niñez y adolescencia en las decisiones y políticas públicas que las involucran, es un desafío en continua construcción. Desde las prácticas adultocéntricas, hasta las asignaciones presupuestarias y la inversión social, el protagonismo de las y los pibes permanece siendo emergente o estando ausente. La adecuación a las leyes de protección y todo el marco normativo específico sigue siendo desigual en los territorios, y sólo cinco provincias cuentan al momento con defensorías específicas, además de la nacional.
Ese camino fue marcado fuertemente por el trabajo en red, la tarea de articulación entre defensorías e instituciones específicas y la construcción de intercambio y apoyo mutuo de experiencias que dan vida y forma a este segundo material que presentamos; una herramienta abierta para que circule, crezca, se modifique, mejore; que no sea una fórmula cerrada ni estática ni única. Y el TANGRAM, del cual se cuenta que su origen viene de la gráfica y la escritura, nos abrió la puerta a un montón de posibilidades para lo que queríamos narrar. Es un juego, derecho vital que no debemos olvidar de defender. Une a las ciencias con las artes, y esto nos invita a considerar las múltiples disciplinas y lenguajes en el hacer de un organismo de niñez y adolescencia. Desafía la creatividad, el pensamiento y la percepción.
Permite crear y construir nuevas figuras a partir de formas dadas, como lo son los derechos, los marcos normativos e institucionales. Para crear nuevas figuras las piezas deben tocarse, pero no superponerse, y eso nos remite a la integralidad y la transversalidad que hacen al enfoque de derechos. Cuenta la leyenda sobre su origen, que nace a partir de caerse un mosaico de cerámica y romperse en mil pedazos, y su artista al intentar reconstruirlo descubre múltiples obras de arte más diversas y diferentes a la original.
Esto nos lleva a considerar lo enriquecedor que puede ser desmenuzar lo realizado, volver a observar sus partes desde otras miradas, en otros contextos y lugares, y que a partir de ello emerjan más y nuevas instituciones especializadas en niñez y adolescencia; porque el todo es mucho más que la suma de las partes.
Este juego rompecabezas de siete piezas milenario, que fue pasando de generación en generación, nos habla de diversidad, versatilidad, flexibilidad, adaptabilidad; cualidades que contribuyen para poder pasar de la letra escrita de las leyes universales a las realidades, contextos y culturas locales. Por último, también pensamos que el TANGRAM nos muestra paradojas, que son construcciones conceptuales que se inscriben en el paradigma de la complejidad. Y que nos invitan a trascender los dualismos, la racionalidad técnica, los conceptos cerrados y el principio moderno del distanciamiento. Y por eso, nos enorgullece enormemente no solo que Chiqui nos haya prologado, sino que generosamente nos haya permite integrar a la Gramática de Derechos, sus lúcidas paradojas de la niñez para leer en la adultez, como parte de la publicación.
Este juego nos hizo volver sobre nuestros primeros pasos, allá por noviembre de 2012, cuando dijimos –como una utopía–, “queremos trabajar para que no hagan falta más defensorías”; como una paradoja de origen, anhelando a que llegue el tiempo en que no haya más vulneraciones de derechos a niñas, niños y adolescentes; y eso es lo que motiva la exigencia de que existan organismos especializados.
O, tal vez, que llegue el tiempo en que las instituciones y también el Estado, podamos abocarnos fuertemente al trabajo de promoción de derechos, para las transformaciones simbólicas y culturales a largo plazo y porque ya no haya urgencias para la protección. Es una utopía, sí. Es un sueño despierto y comprometido, hacia la cual caminamos quienes trabajamos por y para las infancias y adolescencias.
Y también lo que siempre logra impulsarnos y conmovernos son los desafíos. Sabemos que los desafíos no son livianos, por el contrario, son complejos, plenos de dificultades; incómodos. Sin embargo, son los que permiten que sigamos construyendo, haciendo y escribiendo esta historia que comenzó para nosotros en 2012. Una historia con muchas historias. Y con muchos personajes secundarios, como lo somos las autoridades políticas a cargo. Porque así lo he vivido yo, como un relato colectivo donde todas las voces, palabras, aportes, opiniones, ideas, las dichas, las leías, las escuchadas, las recordadas, las imaginadas, hicieron posible hilvanar este hacer de la Defensoría que hoy les he venido a contar. Siempre me gustaron los cuentos. Los cuentos con finales abiertos; sin finales simples ni obvios. Aunque paradójicamente, así y todo, lo que más me gusta y quiero, es que siempre o por “siempre jamás” (como en los cuentos de hadas), que en las historias de las políticas públicas para las infancias y adolescencias el protagonismo sea el de las niñas, niños y adolescentes. Sí, lo público y lo político les debe a las niñas, los niños y los adolescentes mucho.
Ellas y ellos son cosa seria. Y merecen nuestra Especialidad, nuestro Respeto, nuestro Compromiso, nuestra Memoria y nuestra Imaginación (con mayúscula). Para ellas, ellos, elles, ha sido y continuará siendo esta Defensoría.
