Preocupación por el crecimiento de la violencia urbana

El Organismo de protección de derechos humanos pidió “avanzar en reflexiones que den cuenta de la complejidad del entramado social y del problema de la seguridad como prioritario en las agendas de todos los niveles, sectores y poderes, para no profundizar la pérdida de calidad de vida de la ciudadanía”.

En el Mes de las Infancias la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe (DNNA) expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia en contextos urbanos en la región y sobre todo en Rosario y Santa Fe, que afecta la vida de las comunidades en todos los niveles y, en particular, la de niños, niñas y adolescentes.

Según datos del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia a julio del 2022, casi nueve de cada diez homicidios tuvieron lugar en los departamentos La Capital y Rosario, 17,5% y 71,0% respectivamente. Esta fuerte concentración territorial no es nueva. Por un lado, el dato ya se reflejó en informes de años anteriores elaborados por el organismo; y por otro, las ciudades más pobladas son las que registran las tasas más altas de violencia letal y de heridos de arma de fuego.

De acuerdo al mismo organismo, en la ciudad de Rosario a julio de 2022 se registraron 446 personas heridas de arma de fuego (85% varones y 15% mujeres), de las cuales cerca de 100 son niñas, niños y adolescentes (18 son menores de 15 años, y más de 80 tienen entre 15 y 19 años). Asimismo, se estima que entre el mes de enero y lo que va de agosto en el Departamento Rosario se produjeron 179 muertes violentas (153 en la ciudad cabecera) de las cuales 39 corresponden a niñas, niños y adolescentes.

Las infancias y juventudes sufren cada vez más los efectos de las violencias provocadas en contextos urbanos. Además de ser víctimas letales, niñas, niños y adolescentes atraviesan el crimen violento de padres, madres y otros familiares a causa de esta problemática, como también el desplazamiento obligado y bajo amenaza de sus centros de convivencia.

Es así que niñas, niños y adolescentes se ven insertos en contextos de violencia generalizada que cercenan el uso libre del espacio público de los barrios que habitan, muchas veces apropiado por economías delictivas e ilegales en detrimento de la presencia estatal. Como Estado tenemos la obligación de contrarrestar la naturalización de los hechos de violencia que se repiten en la vida cotidiana de ciudadanas y ciudadanos.

Las explicaciones en torno a este tema como problema público revisten tensiones y disputas de sentido. Si bien es necesario preguntarse sobre los paradigmas actuales de seguridad y el rol de la institución policial, las teorías explicativas sobre las diferentes formas de delito y la situación en las cárceles. También, es importante discutir la distribución del ingreso, el acceso a la vivienda y a servicios públicos (educación, salud, transporte, acceso al agua).

Las violencias se inscriben además en un contexto económico, social, educativo, cultural y ambiental adverso, que intensifica el repensar el concepto de “sectores vulnerables”.

En Argentina, el 48 % de los niños, niñas y adolescentes es pobre, según estudio de UNICEF, que mide la pobreza multidimensional, una metodología que toma en cuenta diferentes dimensiones desde el acceso a una vivienda adecuada de los niños y niñas hasta la escolaridad. De ese 48%, 20 puntos porcentuales corresponden a privaciones “severas” como vivir en una zona inundable y cerca de un basural o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años.

En el mismo sentido el CONICET, visualiza el detrimento de la calidad de vida en nuestro país en general y en nuestra provincia en particular, a través de la medición del “índice de calidad de vida” (ICV) en estos últimos 15 años.

Es necesario pensar en clave propositiva para avanzar en reflexiones que den cuenta de la complejidad en el entramado social y del problema de la seguridad como prioritario en las agendas de todos los niveles, sectores y poderes del Estado y nuestra institución tiene mucho para aportar, como lo vino haciendo a través de las recomendaciones a los poderes públicos, reforzando la gobernanza en la gestión.

Como organismo estatal de derechos humanos es responsabilidad de esta Defensoría poner en agenda esta situación y contribuir al diseño de políticas públicas que favorezcan a la convivencia ciudadana y que tengan como eje vertebral el derecho a una vida digna para las infancias, las adolescencias y las juventudes, mejorando la calidad de vida en el entorno y crear valor público.