Consensos para la garantía de derechos de NNyA

Defensores y Defensoras de niñez y adolescencia de todo el país se reunieron en la ciudad de Córdoba con la Defensora Nacional de los Derechos de las niñas, niños, y adolescentes Marisa Graham.

El encuentro que fue el primero a un año de la creación de la defensoría nacional se desarrolló de manera presencial contó con la participación de las defensoras y defensores provinciales Analía Colombo (Santa Fe), Amelia López (Córdoba), Juan Pablo Meaca (La Pampa), Miguel Ángel Molina (Misiones) y Luis Santucho (Santiago del Estero).

En la reunión Defensores y Defensoras acordaron un pronunciamiento por la necesidad de priorizar a las niñas, niños y adolescentes en las agendas públicas y políticas.

A través del documento instaron a las autoridades y fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, comunitarias, académicas y gremiales a concretar prestaciones positivas que garanticen los derechos humanos de niñeces y adolescencias por sobre todo otro interés sectorial o corporativo siempre y especialmente en este momento excepcional que vive el país y el mundo.

Durante el contexto de emergencia sanitaria con motivo de la pandemia generada por el COVID-19, y a casi un año de la sanción del ASPO, es de público conocimiento las distintas recomendaciones y posicionamientos que los organismos de derechos humanos de la niñez y la adolescencia a nivel provincial, nacional e internacional realizaron ante el impacto que las medidas sanitarias han tenido en la salud integral de niñas, niños y adolescentes.

“Existe un claro consenso acerca del modo en que ha afectado la interrupción de sus ritmos diarios, la vida cotidiana entre pares y la exposición a mayores vulneraciones en sus ámbitos familiares sin la presencia de otras personas adultas de referencia en la escuela, clubes y centros comunitarios”, expresaron en el documento.

En este sentido, remarcaron que “en materia de niñez y adolescencia el coronavirus ha dejado en evidencia y ha profundizado las vulneraciones de derechos ya conocidas. Vulneraciones que además se agudizan por la situación económica del país. Las crisis tienen enormes consecuencias en las infancias y adolescencias, incrementan el riesgo de abandono escolar, el ingreso temprano al mercado laboral, en ocasiones bajo condiciones de explotación; la disminución de la cantidad y calidad de alimentos; la restricción al acceso a la salud; el incremento de las violencias, incluido el abuso sexual infantil”.

El pronunciamiento considera como base los datos que provee el INDEC (EPH20219-2020) que refleja que “para los 31 aglomerados urbanos, la pobreza alcanza actualmente a 6 de cada 10 niños y la indigencia a 2 de cada 10; datos que evidencian que la infantilización de la pobreza aumenta progresivamente con el paso de los años y que el impacto de la crisis del COVID19 fue especialmente importante en esta población”.

“Cualquier medida de promoción de la mejora de las condiciones de vida de los argentinos y argentinas debe priorizar siempre, no solo porque así lo manda nuestra historia y la Convención sobre los Derechos del Niño con rango constitucional, sino por la coyuntura actual, a los hogares con niños/as”, señalaron.

Por consiguiente y ante este contexto, Defensoras y Defensores manifestaron que “se vuelve urgente la generación de amplios consensos en los distintos niveles y poderes del Estado, y entre las políticas públicas y el sector privado, las organizaciones sociales y las universidades, para trabajar y plasmar la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestras realidades locales, provinciales y nacionales, a partir de una agenda en común”.

Por ello, las defensorías nacional y provinciales de niñas, niños y adolescentes, instan a los gobiernos en todos sus niveles a:

1. Visibilizar y priorizar a la niñez y la adolescencia en las agendas políticas, para que el enfoque de derechos sea una mirada transversal a todas las propuestas, medidas y plataformas.
2. Generar políticas de cuidado que incluyan de manera prioritaria la protección especial de niñas, niños y adolescentes, fijadas por la CDN, y demás leyes nacionales además de la perspectiva de género y diversidad.
3. Promover la creación de defensorías de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en las jurisdicciones en las que aún no existen, respetando las autonomías provinciales, las realidades y necesidades particulares de las infancias y adolescencias en cada territorio de nuestro país.
4. Fortalecer las áreas de niñez dentro del Estado, priorizándolas en el presupuesto.
5. Ampliar la cobertura dentro de los programas “Progresar -Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina–“dependiente del Ministerio de Educación de la Nación y “Potenciar inclusión joven” –dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación– para las y los jóvenes de 16 a 18 años.
6. Garantizar el derecho a la vivienda digna y a las tarifas sociales en los hogares con niñas, niños y adolescentes.
7. Trabajar por un Sistema de Justicia juvenil acorde al enfoque de Derechos Humanos.
8. Recuperar la escolaridad y el derecho a la educación, con diversidad de estrategias y formatos centrados en el Interés Superior del Niño.
9. Prevenir las diversas violencias de las que son víctimas niñas, niños y adolescentes, con el desarrollo de políticas articuladas a corto, mediano y largo plazo.
10. Generar condiciones para que se efectivice el derecho de las niñas, niños y adolescentes a expresarse, opinar, participar, ser oídos y tenidos en cuenta en las decisiones que las y los involucran.
11. Respetar los derechos comunicacionales consagrados, a la propia imagen, a la identidad y a la no estigmatización, en todos los medios y vías de comunicación.